Seguimiento Caso Lote El Ceibal- Septiembre

Por Eliana Plozsaj
Reunión entre El Ceibal AC (Lucrecia GV y Luis Ger ), Maria Farias representante de la OCCAP y el MOCASE, Diputada Nelida Solorza y el Defensor de Pueblo Martin Diaz Achaval.

En la reunión el Defensor del Pueblo comentó que el Juez está dispuesto a firmar el remate. Asimismo, la nota publicada en el diario sobre la situación inminente del remate fue publicada por él, aunque frente a las observaciones realizadas por Maria Farias y Lucrecia Gil Villanueva sostuvo que la nota era estratégica para presionar mediáticamente. La suspensión de Catastro se sucedió porque se creía que el reclamo de la posesión era a titulo personal y el defensor cambió ese concepto por un reclamo comunitario, porque frente a un reclamo personalizado e individualista no es conveniente efectuar el remate. La propuesta del defensor es que, de ser necesario, se llevara representantes de los parajes involucrados a Bs. As, para efectuar un reclamo individual para lo cual seria necesario gestionar los planos y ya se ha dejado pasar 3 años y medio. Se propuso una audiencia con su Señoría donde participen la defensoría, pobladores afectados, las ONG’s involucradas, los comisionados de San José de Boquerón y Santo Domingo y la Diputada Solorza, la cual se realizó el 8 de Octubre, en Santa Luisa (Dpto. Pellegrini), y fue financiada por la defensoria.

El Juez ha realizado una oferta de 100 metros desde la ruta, y aunque el defensor del pueblo no lo recomienda, entiende esta propuesta como máxima por parte del juez para lo cual se conversó con la comunidad la contrapropuesta a realizar, en la cual existe la posibilidad de negociar un remate condicional sobre el lote completo, con un pliego de compromiso a entregar las tierras a la población con titulo de dominio o al gobierno provincial para una posterior entrega a las comunidades.
Si se logra un acuerdo por los límites se puede destrabar el remate bajo esta condición de contraentrega de tierras, con esto se creeria que se puede lograr, aun sabiendo que no otorgarán la totalidad solicitada la comunidad debería decidir cuál va a ser la oferta de su parte frente a la propuesta del Juez.
Están previstas reuniones reiteradas con las comunidades involucradas con un escribano para dejar registrada las personas en acuerdo o desacuerdo cuando se plantee la postura que presentará la defensoría al Juez. Los planos que se tomarán por válidos son los que figuran en el expediente, no los que han realizado los agrimensores que trabajaron con las comunidades porque ha cambiado el reclamo de individual a comunitario aunque el defensor sabe y aclarará al juez que los pobladores no dejarán pasar a ningún profesional que no sea de su confianza a medir los lotes, como medida de prevención.

Aunque el defensor del pueblo entiende que está en su firma el poder de negociación pretende llegar a una postura de consenso con las comunidades para no dejar mal presentada postura politica ya que si sale tal como se planea sería una resolución de conflicto sin precedentes a favor de las comunidades.